El gobierno encabezado por Rodrigo Chaves empleó la Agencia de Publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) con el objetivo de centralizar la pauta estatal y politizar los fondos públicos.
Esta estrategia permitió distribuir los contratos publicitarios a medios que apoyaban al gobierno. Un informe parlamentario de 343 páginas, avalado por cinco diputados pertenecientes a cuatro fracciones políticas diferentes, documenta estas acciones. Los legisladores que respaldaron el informe son Dinorah Barquero, Danny Vargas, Ariel Robles, Vanessa Castro y Johana Obando.
El informe hace hincapié en que la democratización de la pauta publicitaria es una forma de combatir el abuso del poder político, ya que este tipo de abuso restringe la libertad de prensa. Se sugiere que una distribución más equitativa de la pauta podría ayudar a limitar el control político sobre los medios de comunicación.
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El documento incluye un análisis minucioso y una investigación exhaustiva respaldada por pruebas concretas, como el informe del señor Bulgarelli, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En la página 258 del informe, se menciona que no se revisó el documento de manera en profundidad, lo cual resulta irresponsable referirse a él sin antes darle una lectura completa y cuidadosa.
El informe también aborda la definición y la democratización de la pauta publicitaria, proponiendo una definición amplia del término «medio de prensa». Según el informe, en la actualidad cualquier persona que exprese opiniones puede ser considerada un medio de prensa.
A pesar de la profundidad del análisis, el informe no solicitó que Rodrigo Chaves ni Pilar Cisneros comparecieran para dar explicaciones.
