La mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa recomendaron que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva a los integrantes del Comité Editorial de Casa Presidencial debido a un supuesto tráfico de influencias.
Esta recomendación surge a raíz de múltiples denuncias que indican que el comité podría haber usado su poder para influir en la toma de decisiones del gobierno de manera indebida. Cabe mencionar que estas acusaciones son de suma gravedad, dado el rol crucial que desempeña el Comité Editorial en la comunicación gubernamental.
Federico Amador, quien actualmente es el director ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), admitió públicamente que durante su gestión no se aplicaron adecuadamente los procesos de contratación pública. Esta confesión ha generado un gran revuelo y ha puesto en tela de juicio la transparencia y legalidad de las contrataciones realizadas por el SINART, lo cual podría implicar serias repercusiones legales y administrativas para la institución.
Además, se ha señalado que la campaña llevada a cabo por ciertos sectores tenía como objetivo principal la desacreditación y manipulación publicitaria con fines puramente políticos. En este sentido, la campaña fue diseñada para influir en la opinión pública y moldear la percepción hacia ciertos actores políticos, lo que ha levantado serios cuestionamientos sobre la ética y las intenciones detrás de dichas acciones.
Te podría interesar:
Diputados concluyen que Gobierno utilizó Sinart para politizar pauta estatal
Un informe parlamentario revela que el gobierno de Rodrigo Chaves utilizó al SINART para centralizar y politizar la pauta estatal.
Investigación legislativa al SINART revela conflictos políticos
Investigación legislativa sobre el SINART revela conflictos políticos y retos financieros para la institución.
Desacuerdo en la prórroga de la Comisión del SINART
La Comisión del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, vence su plazo el domingo 30 de abril de 2024. Diputados solicitan ampliar el tiempo de discusión en el Congreso,
Por otro lado, se subrayó la imperiosa necesidad de realizar un estudio mucho más profundo sobre el secretismo que caracteriza al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dado el papel destacado del BCIE en la economía regional, es crucial que se ponga doble cuidado en la tutela de la hacienda pública para evitar posibles irregularidades o actos de corrupción.
En paralelo, se realizaron investigaciones respecto a las contrataciones de proveedores que tienen relación con el BCIE. Esta línea de investigación busca esclarecer si dichas contrataciones cumplieron con los procedimientos establecidos y si existieron actos ilícitos al respecto.
Finalmente, se cuestionó fuertemente la participación de Pilar Cisneros y Federico Cruz en estos procesos debido a la notable falta de justificación y pruebas que respalden sus acciones. La ausencia de documentación y justificación pertinente ha sembrado dudas sobre la transparencia y legalidad de sus movimientos, lo que podría derivar en investigaciones más profundas para determinar si hubo alguna violación de las normativas vigentes.
