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La reciente investigación de supuesto caso de corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social, sobre una adjudicación dudosa de un contrato en el año 2021 para la administración de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), aborda graves delitos de influencia contra la hacienda pública, así como el tráfico de influencias.
Este proceso investigativo ha capturado la atención pública debido a un polémico contrato de 10 años que fue adjudicado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.
El contrato en cuestión fue otorgado a un grupo de cooperativas, entre las que se incluyen Coopesana R.L., Coopesalud R.L., Coopesaín R.L., Acemeco, y Coopesiva R.L. Esta decisión se tornó controvertida cuando se denunciaron incrementos en los costos que se consideraron excesivos. Específicamente, se alertó sobre un aumento de 29 mil millones de colones, alcanzando la cuantiosa cifra de 210 mil 820 millones de colones en el transcurso de una década.
A raíz de estas revelaciones, las autoridades llevaron a cabo allanamientos en un total de 28 sitios. Como parte de estas acciones, ocho individuos fueron detenidos. Entre los detenidos se encuentran figuras destacadas como Marta Esquivel y Mariano Gutiérrez, lo que ha intensificado el interés y el escrutinio en torno a este caso. El 6 de julio se produjo la adjudicación del mencionado contrato, una fecha que ha quedado marcada en la cronología de este caso por su significancia.
Los procedimientos de contratación dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social se han puesto bajo una intensa lupa, debido a los considerables aumentos en los costos asociados a los servicios de salud que el contrato estipula.
El Ministerio Público ha señalado que la Fiscalía Adjunta de Probidad se encargará de tomar el testimonio a los detenidos. Esta intervención destaca la seriedad del caso y el seguimiento judicial que recibirá en las próximas etapas.
