Escucha la noticia:
Investigan a tres altos mandos de la Caja por presunta manipulación de informe que provocó pérdida de ₡4.400 millones
El Ministerio Público allanó oficinas y casas de tres funcionarios señalados por haber influido en decisiones que frenaron proyectos clave de infraestructura en la CCSS. Tres funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social están bajo investigación por presuntamente alterar un informe financiero que llevó a suspender importantes inversiones en salud pública.
Funcionarios habrían maquillado datos para inducir decisiones de la Junta
El Ministerio Público ejecutó este martes una serie de allanamientos en tres oficinas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en las viviendas de tres altos mandos de la institución, como parte de una investigación por el presunto delito de influencia contra la hacienda pública.
Los investigados fueron identificados como Quesada Soto, asesor financiero de la presidencia ejecutiva; González Gaitán, directora actuarial; y Peraza Solano, directora de planificación. Según la Fiscalía, estas personas habrían manipulado un informe técnico sobre la solvencia económica de la Caja, presentado el 9 de marzo de 2023 ante la Junta Directiva, con el supuesto objetivo de inducir decisiones institucionales.
“El informe que presentaron fue una segunda versión alterada de otro entregado apenas siete días antes, el 2 de marzo. El nuevo documento reflejaba un panorama de ingresos insuficientes que no coincidía con el análisis inicial”, explicó Claudia Villafuerte, fiscal de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Suspensión de proyectos dejó millonarias pérdidas para la institución
Como consecuencia directa del informe manipulado, la Junta Directiva acordó suspender parte del portafolio estratégico institucional 2023-2032. Esto incluyó la paralización de proyectos de infraestructura como el hospital de Corredores, la torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños y nuevas edificaciones en el hospital Blanco Cervantes.
También se suspendieron compras de terrenos y remodelaciones, lo que obligó a la institución a gastar más de ₡4.400 millones en alquileres, al no poder usar sus propios espacios. “Se dejó de construir por decisiones basadas en datos falsos”, denunció la Fiscalía.
Por el momento, las personas investigadas no fueron detenidas, pero sí citadas a declarar. Las diligencias judiciales continúan, mientras la auditoría interna de la Caja también confirmó hallazgos que refuerzan las denuncias planteadas por la ANEP, especialmente en relación con la implementación del programa ERP.
