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Hoy, los tribunales costarricenses se preparan para una audiencia clave en el caso denominado «barrenador». Ocho imputados, detenidos tras una serie de allanamientos realizados por el Ministerio Público y el OIJ, enfrentan cargos por supuesta malversación de fondos y prevaricato en contratos de adjudicación de servicios de salud a terceros por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La audiencia de medidas cautelares, pactada inicialmente para las 10:30 a.m., se retrasó y comenzó alrededor de las 11:20 a.m. debido a problemas logísticos.
Entre los imputados se encuentra la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, quien junto con otros funcionarios pasó la noche en las celdas del Segundo Circuito Judicial de San José. Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía se darán a conocer durante esta audiencia, y se estima que la sesión se extienda durante todo el día, sin la habitual pausa para el almuerzo.
El abogado defensor de Cedrit Rojas, uno de los implicados, aseguró que su cliente se encuentra en buen estado de salud y que el allanamiento se realizó de manera respetuosa. Según los abogados defensores, es poco probable que se solicite prisión preventiva, ya que los acusados cuentan con arraigo domiciliario y profesional.
Los allanamientos, que abarcaron 28 ubicaciones, incluyeron las oficinas de la CCSS, y generaron distintas reacciones en el ámbito político. Mientras algunos diputados criticaron la rapidez de las detenciones, otros defendieron el proceder del Ministerio Público, resaltando la importancia de esclarecer las posibles irregularidades en los contratos adjudicados.
Desde Casa Presidencial, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, expresó que las acciones de la Fiscalía son una clara presión al gobierno y calificó el proceso como un abuso de poder. El gobierno asegura que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación, pero cuestiona el enfoque mediático y la velocidad con la que se ejecutaron las detenciones, alegando que no existen pruebas suficientes para sustentar un caso de prevaricato.
La audiencia continúa con expectativas sobre las medidas cautelares que se impondrán, mientras el país sigue de cerca los desarrollos de este caso que involucra a altos funcionarios de la seguridad social costarricense.
