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La Sala Constitucional de Costa Rica ha declarado inconstitucionales varios artículos clave de la Ley Jaguar, del Presidente de la República, Rodrigo Chaves, específicamente los artículos 2, 3, 4 y 5.
Esta ley tenía la intención de asegurar que la Contraloría General de la República no tuviera un papel de co-gobernanza en las funciones administrativas, evitando así una superposición de funciones.
Las partes involucradas, incluyendo diputados y el Ejecutivo, se encuentran actualmente en un debate sobre las posibles reformas necesarias para solucionar estos problemas.
Por esto, un nuevo proyecto de ley se ha presentado con el propósito de corregir estas inconsistencias constitucionales y alinear mejor la legislación con las decisiones de la Sala Constitucional.
Este nuevo proyecto busca reformar la estructura legislativa de manera que la Contraloría no tenga un exceso de poder en la gobernanza del país.
La declaración de Chaves: «El jaguar está vivo y cazando», resalta la vigencia de la Ley Jaguar, aunque ahora reformulada.
Con referencia al referéndum, Chaves afirmó: «Esto yo le pido a los señores diputados, les hago un llamado patriótico para que actúen de la manera que corresponde a los valores democráticos de esta patria. Déjenlos ir, a ustedes a votar. Yo los voy a acompañar porque yo también iré a votar.»
El impacto financiero del referéndum es un tema relevante, considerando los recursos necesarios para la implementación y las eventuales reformas. Los proyectos de infraestructura, como Ciudad Gobierno y la Marina de Limón, también han sido mencionados en relación con estos cambios legislativos, ya que representan puntos críticos de inversión y desarrollo que podrían estar sujetos a las nuevas regulaciones.
