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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto con la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, ha anunciado que la Ley Jaguar sigue «más viva que nunca». Este proyecto, cuyo objetivo principal es impulsar el desarrollo económico y de infraestructura en Costa Rica, ha sido objeto de controversia, pero ahora vuelve a la Asamblea Legislativa con reformas clave que buscan destrabar proyectos estancados.
En una carta dirigida a los diputados Rodrigo Arias y Rosalía Brown, Chaves solicitó que la Asamblea Legislativa acelere el trámite de la Ley Jaguar y la envíe a comisión para su pronta discusión. Este proyecto ha sido ajustado para que los artículos presentados sean plenamente compatibles con la Constitución, en respuesta a las objeciones anteriores de la Contraloría General de la República, la cual había detenido varios proyectos debido a interpretaciones legales.
La Ley Jaguar, que busca «agilidad y fuerza» en la toma de decisiones para el desarrollo, incluye reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General y a la Ley General de Control Interno. Estas reformas permitirán que el gobierno avance en grandes proyectos de infraestructura como Ciudad Gobierno y la Terminal de Cruceros y Marina de Limón, que han estado paralizados. Ambos proyectos representan oportunidades vitales para el desarrollo económico y la generación de empleo en el país, especialmente en zonas históricamente rezagadas como la provincia de Limón.
El presidente Chaves destacó que esta ley es crucial para el crecimiento de Costa Rica y para liberar al gobierno de las restricciones que han frenado el progreso en importantes iniciativas. Además, anunció que se está considerando un referéndum nacional para que el pueblo costarricense decida sobre las reformas propuestas. Este referéndum incluiría únicamente los artículos de la ley que han sido declarados constitucionales, una estrategia que busca sortear los bloqueos legales anteriores.
