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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida como la Sala IV, ha declarado inconstitucionales las reformas contempladas en la segunda versión del proyecto de «Ley Jaguar para el Impulso del Desarrollo de Costa Rica». Esta ley, impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, buscaba habilitar proyectos clave como la Ciudad Gobierno y la construcción de una terminal de cruceros en Limón.
El tribunal resolvió la consulta constitucional presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Contraloría General de la República (CGR), quienes señalaron que la propuesta violaba disposiciones de la Constitución Política. Según ambas instituciones, los artículos 4 y 5 del proyecto afectaban la Ley General de Contratación Pública y la Ley de JAPDEVA, desmantelando principios fundamentales como la obligatoriedad de realizar licitaciones públicas.
La Sala Constitucional declaró, por unanimidad, que estas reformas infringían la Carta Magna al permitir procedimientos de contratación sin los debidos controles, poniendo en riesgo la transparencia. Además, consideraron que las competencias asignadas a la Contraloría General de la República se verían vulneradas por las modificaciones propuestas.
Este fallo supone un golpe significativo para las aspiraciones del Ejecutivo de impulsar proyectos de infraestructura en Limón mediante mecanismos que, según la Contraloría, no garantizan los principios de transparencia y licitación establecidos en la Constitución Política.
