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El director del OIJ, Randall Zúñiga, destacó la creciente violencia en fines de semana y la necesidad urgente de mejorar el control territorial y la capacidad de allanamientos en horas críticas.
La violencia en Costa Rica aumentó durante los fines de semana recientes, principalmente en las provincias de San José, Puntarenas y Limón, según declaró Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El funcionario enfatizó que el incremento de homicidios reflejó una preocupante falta de control territorial efectivo en zonas conflictivas.
“En sectores como Tirrases de Curridabat y Quepos, se registraron múltiples homicidios en un solo fin de semana, lo que evidencia la necesidad de reforzar la presencia policial”, señaló en un comunicado.
La limitación de allanamientos afectaría la lucha contra el crimen
Zúñiga explicó que desde que se restringió la posibilidad de realizar allanamientos en fines de semana y después de las 6 p.m., los criminales se sintieron empoderados.
“Hemos observado un repunte en homicidios en estos horarios porque los delincuentes saben que hay una dificultad importante para ejecutar allanamientos”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que cualquier operativo requiere siempre la autorización judicial correspondiente, descartando así desinformaciones que circularon sobre el tema.
Armas ensambladas localmente complican la trazabilidad
El director del OIJ también abordó el problema de las armas hechizas que han aumentado en el país.
Según explicó, estas armas se ensamblan en Costa Rica a partir de piezas importadas legalmente, camufladas bajo otros nombres para evadir controles.
“Es más económico para los grupos criminales importar partes como accesorios de celulares o repuestos y ensamblarlas aquí, en lugar de comprar armas completas con altos costos e impuestos”, indicó Zúñiga.
Para enfrentar esta situación, resaltó la necesidad de mejorar la capacitación de los funcionarios de aduanas para identificar correctamente las piezas de armas que ingresan al país y fortalecer la legislación vigente.
La declaración del director Zúñiga evidenció la urgencia de reforzar las políticas de seguridad, mejorar la coordinación institucional y garantizar que las autoridades tengan las herramientas legales y operativas necesarias para combatir la violencia que afecta a Costa Rica.
