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Municipalidades GAM manejo de residuos

Municipalidades del GAM enfrentan al Ministerio por manejo de residuos

Municipalidades del GAM toman acciones legales contra el reglamento del Ministerio de Salud que limita la disposición de residuos y pone en riesgo la sostenibilidad del servicio.

Alcaldes acordaron acciones legales contra el reglamento vigente que limita la disposición final de residuos en la región.

Once municipalidades del Gran Área Metropolitana acordaron enviar un pronunciamiento conjunto al Ministerio de Salud y presentar acciones legales contra el nuevo reglamento para el manejo de residuos sólidos que afectaría su operatividad.

Alcaldes del GAM se unieron por una causa común

 

Once gobiernos locales del Gran Área Metropolitana (GAM) se reunieron en la Municipalidad de San José para pronunciarse sobre un tema que los afecta directamente: la gestión de los residuos sólidos. En el encuentro participaron las alcaldías de San José, Alajuelita, Curridabat, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Montes de Oca, Moravia, Santa Ana, Tibás y Coronado.

La principal preocupación gira en torno al Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios y Orgánicos, publicado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 36093-S, el cual establece nuevas restricciones, entre ellas la imposibilidad de trasladar residuos a más de 80 kilómetros de su lugar de origen. Esto dejaría sin opciones a varias municipalidades, ya que el único relleno sanitario autorizado, El Huazo, dejará de operar en 2026 y la alternativa, Montes de Oro, se encuentra fuera del rango permitido.

Durante la sesión, el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, expresó que “necesitamos vernos como un solo territorio. Necesitamos trabajar juntos en soluciones para todo el país, porque al final el peso de San José en el volumen de residuos sólidos que se están produciendo es muy grande”.

Acciones legales y llamado al Gobierno Central

 

Los gobiernos locales acordaron enviar un pronunciamiento formal al Ministerio de Salud y emprender acciones legales contra la normativa. Consideran que, además de poner en riesgo la continuidad del servicio de recolección de basura, la medida compromete la salud pública y encarece los costos operativos.

También cuestionaron que las metas de valorización y clasificación de residuos fijadas en el reglamento carecen de sustento técnico y resultan inviables en los plazos establecidos. Por eso, plantearon impulsar mesas técnicas conjuntas y proyectos compartidos de tratamiento de residuos, además de solicitar una estrategia nacional unificada.

Las municipalidades coincidieron en que el reciclaje, el compostaje y la recolección diferenciada deben fortalecerse, pero advirtieron que sin un cambio cultural profundo y sin una articulación efectiva con el gobierno central, será difícil garantizar un sistema sostenible.

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