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En Costa Rica, la Dirección General de Adaptación Social anunció el cierre inmediato de las pulperías en todos los centros penitenciarios del país. La medida es respaldada por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, y busca poner fin a irregularidades legales y comerciales que han comprometido la transparencia del sistema carcelario.
Según el director general de Adaptación Social, Alexander Bolaños Córdoba, estas tiendas funcionaban sin los permisos legales necesarios, operaban con recursos públicos y generaban ganancias destinadas a fines no regulados.
El ministro Campos señaló: “No puedo permitir que dentro del sistema penitenciario se dé una actividad que no es legal. Como nunca debió abrirse algo que no tiene los requisitos necesarios para funcionar.” Además, enfatizó que estas tiendas utilizaban electricidad y agua financiadas por el Estado, algo incompatible con su finalidad inicial de servir a los reclusos sin fines de lucro.
Desde su creación en los años setenta, las pulperías buscaban ofrecer productos básicos a los privados de libertad. Sin embargo, informes recientes indican que se convirtieron en negocios lucrativos, con ingresos de hasta 500 millones de colones en algunos casos.
Según el documento oficial, estas tiendas también facilitaron el ingreso de drogas y teléfonos celulares, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad interna.
El cierre plantea retos para la población penitenciaria, ya que dependían de las pulperías para acceder a productos esenciales. No obstante, Campos explicó que el sistema provee alimentación, educación, salud y techo a cada recluso, con un costo de 1.140 dólares por persona mensualmente. “Hay otras formas de reinsertar a una persona privada de libertad, y estas actividades no son la solución,” afirmó.
