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El reciente retiro de las visas estadounidenses a las diputadas costarricenses Johana Obando y Cynthia Córdoba ha sacudido el panorama político de Costa Rica. La decisión, tomada unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos, ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones diplomáticas y políticas.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se pronunció sobre el tema con contundencia:
“Tengo una opinión fuerte, pero es irrelevante. Los hechos hablan por sí solos”, afirmando que la medida responde a las normas soberanas de EE.UU. y que su administración no tuvo injerencia en la decisión.
Sin embargo, la controversia creció cuando se mencionó la relación de las diputadas con Huawei y el 5G, un tema geopolítico sensible.
Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros calificó la reacción del sector político como exagerada:
“Ahora resulta que el presidente Chaves es el jefe de Marco Rubio y Donald Trump. Es ridículo.”
Afirmó que la medida no es inédita y que EE.UU. tiene un historial de revocar visas a figuras públicas en distintos países.
Desde la Asamblea Legislativa, la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) expresó su apoyo a las diputadas y reafirmó su compromiso con la libertad de expresión. Mientras tanto, el abogado migratorio Marco Vadilla aclaró que la decisión es definitiva y difícilmente reversible:
“Cuando se toma una decisión de este tipo, rara vez se revoca.”
El caso no solo ha puesto a prueba la relación entre Costa Rica y EE.UU., sino que también ha expuesto tensiones internas en la política costarricense. La pregunta que queda en el aire es si esto es simplemente una cuestión administrativa o si hay un mensaje geopolítico de fondo.
