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El gobierno de Costa Rica presentó un ambicioso proyecto de ley, identificado como expediente 24.786 y titulado “Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público”. Esta iniciativa busca poner fin a las pensiones de lujo que en algunos casos superan los 14 millones de colones mensuales, las cuales han sido ampliamente criticadas por desvirtuar el propósito del sistema de pensiones.
El proyecto establece un tope de aproximadamente 1,765,859 colones, alineado con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Según el gobierno, esta medida pretende garantizar que las pensiones cumplan su objetivo original: ofrecer protección económica a los ciudadanos en la vejez, en caso de invalidez o tras su fallecimiento.
Las pensiones de lujo han sido motivo de debate en el país, ya que muchas de ellas se perciben como privilegios desmedidos otorgados a una minoría. Este nuevo límite es presentado como una acción necesaria para reducir desigualdades y asegurar un uso más responsable de los recursos públicos.
Además de limitar el monto máximo de las pensiones, el proyecto busca promover la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Según las autoridades, medidas como estas son esenciales para enfrentar los retos financieros que presenta el envejecimiento de la población y los cambios demográficos del país.
El gobierno ha señalado que este proyecto no afectará las pensiones regulares ni los derechos adquiridos por los cotizantes. Más bien, pretende eliminar excesos y garantizar justicia social dentro del sistema. Se espera que esta propuesta sea ampliamente discutida en la Asamblea Legislativa en las próximas semanas.
