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La Asamblea Legislativa de Costa Rica enfrenta una nueva polémica relacionada con el fiscal general Carlo Díaz, tras las denuncias de la diputada oficialista Paola Nájera. Los cuestionamientos surgen a raíz de la solicitud de información sobre viajes realizados por Díaz, su relación sentimental con una subalterna y presuntas irregularidades en nombramientos dentro del Poder Judicial.
Según Nájera, el fiscal general realizó 16 viajes en 23 meses, acumulando más de 100 días fuera del país. Aunque los costos de estos desplazamientos fueron cubiertos por las organizaciones anfitrionas, no se reportaron resultados concretos de las visitas. “Nos preocupa que no tengamos acceso a los informes de viaje. Es información que debería ser pública”, afirmó la diputada en una entrevista a Noticias Trivisión.
Además, la diputada destacó que no hay claridad sobre quién autoriza los viajes ni cómo se evalúan los beneficios de estas salidas internacionales.
El caso también señala la relación sentimental entre Díaz y una subalterna, que recibió 62 nombramientos, 25 de ellos como fiscal auxiliar. Según Nájera, no se siguió la normativa interna del Poder Judicial, ya que Díaz no reportó la relación en el momento correspondiente. “Si cualquier otro funcionario hubiera hecho esto, el peso de la ley habría caído sobre él. ¿Por qué este caso es diferente?”, cuestionó la legisladora.
Nájera expresó su decepción con la falta de acción del Poder Judicial y criticó el “silencio cómplice” de la oposición y de los medios tradicionales. “Por mucho menos, este plenario ha ardido en llamas. Sin embargo, aquí hay un silencio que perpetúa las redes de cuido en nuestras instituciones”, afirmó.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la transparencia en las instituciones públicas de Costa Rica y plantea preguntas sobre la igualdad de trato ante la ley.