Un funcionario de la Municipalidad de Alajuela fue condenado a tres años de prisión y a un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras ser declarado culpable de solicitar ₡800.000 a cambio de gestionar la aprobación de una patente para un local comercial.
Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, los hechos ocurrieron en setiembre del 2024. La víctima denunció el caso ante las autoridades judiciales, lo que permitió la detención del imputado y el avance del proceso penal.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública, que otorgó el beneficio de ejecución condicional de la pena por tres años.
