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El ministro de Seguridad, Mario Zamora, informó ante los diputados de la Comisión de Alajuela que el Estado costarricense invierte mensualmente ₡30 millones en la operación de seguridad en la zona de Crucitas, en el distrito de Cutris, San Carlos. Según el jerarca, entre 40 y 50 oficiales están asignados de forma permanente a esta operación, que busca controlar la minería ilegal y mantener el orden público.
La comparecencia se dio en el marco de la discusión del expediente 24.717, un proyecto de ley que pretende autorizar y regular la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en Cutris. La iniciativa propone, entre otras medidas, la implementación de subastas públicas mineras como el mecanismo para otorgar concesiones a través del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Durante la sesión, la diputada Priscilla Vindas, del Partido Frente Amplio, manifestó su preocupación por las condiciones en que laboran los oficiales destacados en Crucitas. Vindas solicitó que se considere la construcción de una instalación policial adecuada —ya sea una delegación o una comandancia—, para garantizar mejores condiciones laborales y operativas a los oficiales.
Por su parte, el oficial de la Fuerza Pública Marlon Cubillo, también presente en la comisión, respaldó esta solicitud al explicar que los policías destacados en Crucitas no solo atienden el tema de minería ilegal, sino también otros asuntos de seguridad ciudadana propios de la zona. “Una delegación sería lo ideal para mejorar la respuesta y el bienestar de los oficiales”, afirmó Cubillo.
La situación de Crucitas sigue siendo tema de debate nacional, tanto por su potencial minero como por los desafíos en materia de seguridad, presencia institucional y regulación ambiental.
