Luego de recibir un recurso de amparo, Sala Constitucional ordenó a varias instituciones como el Ministerio de Salud, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, tomar medidas urgentes para combatir la minería en Crucitas.
Además, condena al Estado y al AYA al pago de costas, daños y perjuicios.
Según explicó el magistrado instructor Paul Rueda Leal, la parte recurrente reprocha las omisiones sistemáticas y reiteradas de las autoridades recurridas frente a la minería ilegal en Crucitas, alegando que las instituciones involucradas han incumplido sus deberes constitucionales y legales de protección de los derechos fundamentales a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, a la seguridad pública y al acceso al agua potable.
Asimismo, le ordenaron al MSP mantener de modo permanente e indefinido la presencia policial, reforzar control migratorio en puntos fronterizos y coordinar medidas y acciones con otras instituciones involucradas en el tema.
