El Ministerio de Justicia y Paz defendió la decisión de finalizar el convenio con el Poder Judicial que permitía realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios y aseguró que la medida no limita el acceso a la justicia ni vulnera los derechos de las personas privadas de libertad.
Según la institución, la decisión responde a razones de seguridad penitenciaria y a la necesidad de concentrar a la Policía Penitenciaria en labores de vigilancia y control dentro de las cárceles, especialmente ante la presencia de reclusos considerados de alta peligrosidad. Justicia también señaló que el convenio permitía a cualquiera de las partes darlo por terminado.
Como argumento, el ministerio indicó que durante 2025 se realizaron aproximadamente 2.800 audiencias virtuales, frente a unos 23.400 traslados de privados de libertad efectuados por el OIJ hacia los tribunales.
La institución sostiene que las audiencias presenciales continúan siendo la modalidad predominante y recordó que, según la legislación vigente, corresponde al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizar los traslados de privados de libertad hacia los despachos judiciales y posteriormente regresarlos a los centros penitenciarios.
