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La Universidad de Costa Rica (UCR) atraviesa una situación complicada tras la decisión de la Contraloría General de la República, que ordenó la reducción de los salarios de varios funcionarios que percibían un 30% de salario por dedicación exclusiva.
Esta decisión responde a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que estipula que este pago debe ser solo del 25%. A pesar de la incertidumbre generada, el rector de la UCR, Carlos Araya, ha expresado que se cumplirán con las directrices de la Contraloría. Así lo afirmó en una entrevista para Noticias Trivisión:
“El proceso administrativo para corregir los contratos ya se ha realizado. El 25% es lo que debe aplicarse, pero aún estamos a la espera de resolver lo relacionado con la recuperación de los pagos excesivos”.
Este ajuste salarial ha generado preocupación entre los trabajadores de la institución, quienes temen que se les exija devolver los montos adicionales pagados. Sin embargo, el rector asegura que, mientras se resuelvan los recursos legales en curso, se actuará con la máxima transparencia y en estricta conformidad con la normativa.
“La universidad está comprometida con la legalidad y la transparencia en el manejo de fondos públicos”, añadió Araya.
Este conflicto no solo pone de manifiesto los desafíos financieros de la UCR, sino también el impacto que tiene la ley fiscal en las universidades públicas de Costa Rica.
