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La hermana de la diputada Katherine Moreira Brown ganó un contrato por alimentos en el OIJ de Limón usando el permiso sanitario de un restaurante inscrito a nombre de la legisladora, lo que genera dudas legales y éticas.
La polémica adjudicación al restaurante Caribbean Kalisi levantó sospechas por el permiso a nombre de la diputada.
La diputada Katherine Andrea Moreira Brown, del Partido Liberación Nacional, se vio envuelta en una controversia luego de que su hermana, Sigourney Rivas Brown, ganara una licitación para ofrecer el servicio de alimentación al OIJ de Limón, utilizando el permiso sanitario de un restaurante registrado a nombre de la propia legisladora.
La soda beneficiada se llama Caribbean Kalisi Coffee Shop, y según consta en el expediente del SICOP, el documento oficial de funcionamiento del Ministerio de Salud está a nombre de la diputada, no de su hermana, quien fue la oferente formal.
“Yo revisé el documento y el permiso está a nombre de Katherine Moreira Brown, eso es lo que presentamos en la investigación”, dijo José Luis Rodríguez, periodista de Noticias Trivisión, quien trató de consultar directamente a la legisladora en la Asamblea Legislativa, pero fue bloqueado por el equipo de seguridad, quienes agredieron al comunicador.
El equipo periodístico también obtuvo confirmación del Ministerio de Salud: si una persona figura como permisionaria, es ella la responsable directa de la operación comercial.
El contrato desplazó a la soda de María Espinoza, quien sirvió al OIJ por 15 años
María Espinoza, dueña de la soda Los Pollitos, brindó alimentos al OIJ de Limón desde 2010, sin interrupciones.
“Nunca les fallé, siempre estuve lista a cualquier hora”, declaró a Noticias Trivisión visiblemente afectada tras perder el contrato.
Asegura que no apeló porque fue mal asesorada por su contadora y porque funcionarios judiciales le aseguraron que ya todo estaba decidido. Espinoza lamentó no haber recibido una explicación clara por parte del Poder Judicial.
Según la ley de contratación pública, un oferente no puede subcontratar más del 50% del servicio. Sin embargo, al usar un restaurante con el permiso a nombre de otra persona, en este caso una diputada en funciones, se abre un debate legal y ético.
¿Puede una funcionaria pública, aunque sea indirectamente, beneficiarse de un contrato con una institución del Estado?
María Marta Carballo, diputada del PUSC, defendió a Moreira Brown y su familia, indicando que “se dedican a la venta de comida desde hace años” y pidió que no se ataque su reputación.
No obstante, también reconoció que “si la ley no permite la adjudicación, entonces que no se la den, así de simple”.
Tras este reportaje de Noticias Trivisión, el Poder Judicial dio 2 días a la hermana de la diputada del PLN, Katherine Moreira, para que aclare las inconsistencias de su declaración jurada por el contrato de su restaurante para ofrecer servicios al OIJ.
Ahora queda por determinar si el Poder Judicial continuará la investigación de oficio de esta situación o si alguna otra entidad como la Contraloría General de la República o la Procuraduría de la Ética tomará también cartas en el asunto.
Mientras tanto, la polémica paralela es el silenciamiento de la prensa en el momento en que se intentaba cuestionar a la diputada.
