La Corte Plena acordó tomar acciones administrativas y legales para intentar frenar el recorte de ₡23.722 millones que el Ministerio de Hacienda propone aplicar al presupuesto del Poder Judicial para lo que resta de 2026.
El dinero corresponde a recursos que ya estaban incluidos en el presupuesto aprobado y que las autoridades judiciales consideran necesarios para mantener la operación de la institución.
Según confirmó la institución, el OIJ sería el más afectado, con una reducción de ₡9.536 millones.
Ahora la Presidencia de la Corte deberá definir las acciones para defender esos recursos mientras el recorte debe ser discutido en la Asamblea Legislativa.
Las magistraturas de la Sala Constitucional no participaron en la votación porque eventualmente podrían tener que conocer el caso.
