La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por no haber nombrado a las magistraturas suplentes cuyo período venció en diciembre de 2025. Como parte del fallo, anuló el acuerdo legislativo que devolvió la nómina enviada por la Corte Plena y ordenó que esa misma lista sea sometida a votación del Plenario lo antes posible.
La resolución instruye a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, a realizar las gestiones necesarias para que el Congreso conozca la nómina original de candidatos. Además, mientras se concreta el nombramiento, la Sala prorrogó de forma provisional el mandato de los anteriores magistrados suplentes para evitar que el tribunal quede imposibilitado de resolver casos urgentes cuando existan inhibiciones o incapacidades de magistrados propietarios.
El fallo también condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios derivados de la omisión legislativa, los cuales deberán determinarse en la vía contencioso-administrativa. La decisión fue adoptada por mayoría, mientras que los magistrados Fernando Castillo Víquez, Jorge Araya Salazar Alvarado y la magistrada Damaris Garro Vargas salvaron el voto y consideraron que el recurso debía rechazarse.
