La reunión entre la Presidenta Laura Fernández y jerarcas del Poder Judicial dejó varios anuncios, tensiones y mensajes directos sobre seguridad, presupuesto judicial y reformas al sistema de justicia del país.
Uno de los principales acuerdos fue trabajar de forma conjunta entre el Ejecutivo, el OIJ y el Ministerio Público para fortalecer la lucha contra la criminalidad. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, calificó como “muy positiva” la disposición del Gobierno para coordinar acciones y mejorar la comunicación entre instituciones.
Además, Laura Fernández anunció la creación de un “Task Force” de seguridad que sesionará todos los lunes junto a ministros y jerarcas policiales, incluyendo representantes del OIJ, PCD y Policía de Fronteras, con el objetivo de dar seguimiento cercano a la criminalidad en el país.
La mandataria también aseguró que no descarta llevar a referéndum reformas relacionadas con seguridad y justicia si considera que no avanzan en la Asamblea Legislativa. Entre los cambios que impulsa están agilizar allanamientos y levantamientos de cuerpos en accidentes de tránsito.
Uno de los momentos más fuertes de la conferencia ocurrió cuando Fernández afirmó: “Yo no me veo dándole más recursos al Poder Judicial, sino que mejore los resultados”, cuestionando además diferencias salariales dentro de la institución y señalando que parte de esos recursos podrían destinarse a policías judiciales o médicos forenses.
Otro momento llamativo se dio cuando la presidenta comparó su edad con la trayectoria del magistrado Orlando Aguirre: “Él tiene 37 años de ser magistrado y yo tengo 39 años de vida”, insistiendo en que no deberían existir funcionarios “vitalicios” en el Estado.
La conferencia también tuvo momentos tensos y confusos. Fernández y Aguirre protagonizaron un intercambio incómodo sobre si durante la reunión discutieron las escalas salariales judiciales, mientras que la magistrada Patricia Solano interrumpió la conferencia para defender el presupuesto del Poder Judicial y señalar que gran parte de los recursos se destinan al OIJ, Fiscalía y Defensa Pública.
Entre los acuerdos más sensibles, la presidenta reveló que se analiza la posibilidad de aplicar pruebas de polígrafo a funcionarios judiciales de alto nivel para combatir posibles infiltraciones del narcotráfico dentro del sistema judicial.
Fernández también anunció vigilancia especial sobre eventuales liberaciones o rebajas de condena a reos peligrosos, mediante un canal directo de comunicación con la Fiscalía.
Finalmente, la presidenta aseguró que en junio presentará un paquete de proyectos de ley para reformar aspectos del Poder Judicial, al considerar que “Costa Rica no ve con buenos ojos el desempeño” de esa institución.
