El presupuesto nacional para 2027, que asciende a ₡12,4 billones, no podrá ser discutido ni votado en el Plenario Legislativo antes del 29 de noviembre, debido a dos medidas cautelares relacionadas con los recursos asignados al Poder Judicial.
La primera resolución fue emitida por la Sala Constitucional, a raíz de una gestión presentada por la Corte Suprema de Justicia, encabezada por su presidenta, Patricia Vargas. Sin embargo, la decisión generó distintas interpretaciones entre los diputados, pues algunos consideraban que el presupuesto podía discutirse, aunque no votarse, mientras otros sostenían que ambas acciones estaban suspendidas. Posteriormente, una segunda medida cautelar, atribuida a la Sala Primera, estableció que no se podrá realizar ninguna de las dos, esta relacionada con el presupuesto asignado al FEES.
La controversia surge por el congelamiento de aproximadamente ₡30.000 millones destinados al Poder Judicial, al que se sumaría una reducción presupuestaria de aproximadamente ₡10.000 millones. Según ha advertido la institución, estas decisiones podrían afectar su funcionamiento y la prestación de servicios judiciales.
