La Asamblea Legislativa de Costa Rica cerró sin acuerdo uno de los procesos más delicados de los últimos años y trasladó al plenario la decisión final sobre posibles sanciones contra el diputado de Nueva República Fabricio Alvarado. El expediente marca un hito porque es la primera vez que se aplica el reglamento sancionatorio aprobado solo en 2021.
Un caso inédito que tensiona el Congreso
La investigación surgió a raíz de una denuncia por presunto hostigamiento sexual, tras los señalamientos de Marulin Azofeifa, exdiputada y asesora legislativa, quien denunció supuestas conductas inapropiadas por parte del legislador dentro del entorno del Congreso. La situación no solo generó un proceso interno en la Asamblea, sino también una denuncia en la vía penal, lo que añadió complejidad al caso.
Desde el inicio, el caso avanzó bajo presión de plazos ajustados, un reglamento nuevo y diferencias entre diputados sobre cómo interpretar las pruebas y el alcance de las sanciones.
Tres informes, cero consenso
Al finalizar el plazo de dos meses, la comisión presentó tres informes. Ninguno logró mayoría.
Dos de ellos recomendaban imponer sanciones, mientras que un tercero descartaba una conclusión de fondo debido a la existencia de una denuncia penal paralela. Esto dejó el escenario abierto y trasladó toda la responsabilidad al plenario legislativo.
El diputado Alejandro Pacheco, quien encabeza la comisión, lo resumió así:
“Se presentaron tres informes y ninguno alcanzó mayoría, por lo que los tres pasan al plenario legislativo para su discusión”.
Votación contrarreloj antes del 28 de abril
El tiempo ahora juega en contra. Según explicó Pacheco, el Congreso deberá votar el caso antes del 28 de abril, dentro del plazo legal.
En esa sesión, los diputados que integraron la comisión podrán exponer sus argumentos con tiempos definidos de intervención y luego el resto de legisladores tendrá espacio para participar antes de la votación final.
“Será el plenario el que analice los tres informes y tome la decisión del caso”, añadió el legislador.
Un reglamento nuevo puesto a prueba
Más allá del fondo del caso, el proceso dejó en evidencia retos en la aplicación del reglamento sancionatorio. Se trata de una normativa reciente, con procedimientos más rígidos y técnicos.
Pacheco reconoció que los tiempos fueron un factor determinante:
“Es un proceso distinto, con plazos muy cortos y etapas que requieren tiempo. Eso dificultó alcanzar consensos”.
Incluso, la comisión solicitó una prórroga que no fue aprobada por el presidente del Congreso Rodrigo Arias.
