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El Poder Ejecutivo lanzó fuertes críticas contra el proyecto de ley 22.817, que permitiría a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) jubilarse anticipadamente a los 55 años.
Las objeciones provienen directamente del Presidente Rodrigo Chaves, la ministra de Planificación, Marta Eugenia Esquivel, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quienes coinciden en que la propuesta es inviable y genera privilegios insostenibles.
Durante una conferencia este miércoles, el Presidente Chaves calificó el proyecto como “inconstitucional” y “aprobado de forma irresponsable”, señalando que no se especifica de dónde saldrán los fondos para financiar las pensiones anticipadas.
“Debería aumentarse la contribución tanto del patrono como del trabajador. Si se aprueba, los funcionarios que no porten armas deberán trabajar más años para pagarle a quienes se retiran a los 55”, afirmó.
Además, envió un mensaje directo al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, asegurando que “no entiende de números” y que el proyecto carece de una contabilidad clara.
Por su parte, la ministra Esquivel reveló que el Ejecutivo ya tiene listo un proyecto de ley en caso de que los diputados resellen el veto presidencial. Esta iniciativa propone liquidar el fondo de pensiones del Poder Judicial y trasladarlo al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
Según explicó, la medida podría representar un ahorro del 10% en los salarios del personal judicial.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, también se pronunció, asegurando que cualquier beneficio de este tipo debe ser financiado por los contribuyentes, ya que el Poder Judicial no genera recursos propios.
“Eso sería construir un privilegio, como las pensiones de lujo. Y eso lo pagaría el pueblo costarricense”, concluyó.
El debate en torno al proyecto continúa generando polémica en el ámbito político, ya que algunos diputados han manifestado que buscarán resellar el veto presidencial.
