El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, explicó este 1.º de septiembre la propuesta del Gobierno de Costa Rica dentro del Presupuesto de la República para 2027, que contempla un recorte de ₡10 mil millones al Poder Judicial y el congelamiento de otros ₡30 mil millones.
La diferencia entre ambas medidas es que los ₡10 mil millones serían un recorte efectivo, mientras que los ₡30 mil millones quedarían presupuestados, pero no podrían ser utilizados libremente por la Corte.
Según Chaves, para disponer de esos recursos congelados, el Poder Judicial tendría que cumplir una serie de requisitos y posteriormente solicitar autorización ante la Asamblea Legislativa.
¿Qué significa el congelamiento de ₡30 mil millones?
La propuesta busca que la Asamblea tenga mayor control sobre cómo se utilizan esos recursos.
Chaves mencionó como uno de los requisitos la presentación de una auditoría sobre un fideicomiso destinado a infraestructura del Poder Judicial, que, según indicó, cuenta con alrededor de $661 millones. El Gobierno pretende conocer cómo se han utilizado esos recursos y en qué están invertidos antes de permitir nuevos gastos relacionados con infraestructura.
También señaló que se congelaría una partida destinada a pagos adicionales para los magistrados por labores gerenciales.
El ministro sostuvo que, para liberar ese dinero, el Poder Judicial tendría que presentar un informe de Recursos Humanos que justifique esos pagos con base en el tiempo y las funciones administrativas que realizan los magistrados. Además, planteó que se valore si existe un costo-beneficio positivo para el Estado.
Ese análisis pasaría por la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa y posteriormente llegaría al plenario para una decisión.
Chaves defendió el porcentaje de presupuesto que mantendría la Corte
El ministro también rechazó las críticas que anticipó sobre la propuesta y aseguró que, incluso después del recorte de ₡10 mil millones y el congelamiento de los ₡30 mil millones, el Poder Judicial conservaría un 6,48% de presupuesto de libre disposición.
Según Chaves, ese porcentaje estaría por encima del 6% constitucional correspondiente al Poder Judicial.
“El gobierno propone y la Asamblea dispone”, afirmó el ministro al explicar que será finalmente la Asamblea Legislativa la que decidirá si acepta las normas de ejecución presupuestaria planteadas por el Ejecutivo.
La propuesta ahora deberá ser analizada por los diputados como parte del proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de la República para 2027.
