La Asamblea Legislativa aprobó el informe de minoría sobre las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y acordó remitir el expediente al Ministerio Público para su respectiva investigación. La decisión se dio tras el análisis de dos informes, donde el plenario rechazó el de mayoría, que exoneraba a la expresidenta ejecutiva Marta Eugenia Esquivel en el denominado “Caso Barrenador”.
El informe aprobado señala responsabilidades en la gestión de Esquivel al frente de la CCSS, incluyendo temas como la fuga de especialistas, la tercerización de servicios y la implementación del sistema SAP-ERP.
Durante el debate, diputados de distintas fracciones expusieron sus posiciones. La legisladora del PLN, Paulina Ramírez, criticó el informe de mayoría, calificándolo como “absolutamente omiso” al no establecer responsabilidades claras pese a la gravedad de las denuncias. En contraste, desde el oficialismo, el diputado Daniel Vargas señaló que los problemas de la CCSS son estructurales y se arrastran desde hace años.
Vargas también advirtió sobre las consecuencias visibles en el sistema de salud, como largas listas de espera, atrasos en citas y cirugías, y deficiencias en la atención. No obstante, defendió que la institución sigue siendo sólida, aunque urgida de modernización.
