La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el expediente 24.860, una ley que establece y fortalece el régimen sancionador para personas funcionarias y quienes integran listas de suplentes y elegibles del Poder Judicial de Costa Rica.
La normativa define reglas más claras para investigar y sancionar conductas indebidas dentro del sistema judicial, como incumplimientos o faltas en el ejercicio de sus funciones, garantizando al mismo tiempo el debido proceso para las personas involucradas.
La iniciativa, impulsada por el diputado Rodrigo Arias Sánchez, busca fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la administración de justicia.
