El presupuesto nacional propuesto para 2027 será de ₡12,4 billones, una cifra que representa una disminución del 3,1% respecto al presupuesto de 2026, equivalente a una reducción cercana a los ₡390.000 millones.
Diputados opositores también señalaron que durante 2026 se aplicaron reducciones superiores a ₡35.000 millones y cuestionaron que para 2027 se planteen nuevos ajustes que afectarían, entre otras áreas, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Durante las críticas al proyecto también se mencionaron reducciones de:
- ₡40.000 millones para los CEN-CINAI
- ₡30.000 millones para el BANHVI
- ₡6.825 millones para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
- ₡10.000 millones menos para el Poder Judicial
- Congela ₡30.000 millones mediante normas de ejecución presupuestaria.
La diputada del PLN, Diana Murillo, cuestionó las prioridades establecidas en la propuesta, al considerar que los recortes alcanzan programas dirigidos a la niñez, vivienda e instituciones vinculadas con el combate de la criminalidad.
“¿A qué le está dando prioridad este Gobierno? Mientras se recorta a la niñez, a las familias que necesitan vivienda y a las instituciones encargadas de combatir el crimen, sí aparecen recursos para otros gastos que deberían estar muy por debajo de esas prioridades”, afirmó Murillo.
Por su parte, la diputada del CAC, Claudia Dobles, calificó la situación como un “deterioro de las finanzas públicas”, al referirse a la propuesta presupuestaria presentada ante el Congreso por el Gobierno.
En cuanto a la distribución general de los recursos se contempla:
- ₡2,5 billones para programas sociales
- ₡924.000 millones para seguridad
- ₡2,4 billones para educación
- ₡734.000 millones para infraestructura y escuelas.
Los diputados de oposición señalaron que este presupuesto refleja que para la administración Fernández Delgado, la educación, la seguridad, la cultura y otros sectores importantes del país “no son prioridad”.
