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El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zuñiga, confirmó que durante el allanamiento en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), relacionado con el caso Barrenador, se produjo un acceso no autorizado a una cuenta de correo bloqueada de uno de los imputados. Este acceso ocurrió mediante las credenciales de un alto funcionario de la CCSS que se encontraba de vacaciones, y permitió la eliminación de al menos 300 correos electrónicos y archivos almacenados en OneDrive.
«El lunes 23 de septiembre de 2024, el Juzgado Penal de Hacienda a partir de las 07:00 horas inició la diligencia de allanamiento en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CCSS en la cual se inició el respaldo de las cuentas electrónicas de las personas imputadas en el caso Barrenador, mismo que fue delegado en el Ministerio Público.
Por procedimiento interno, a solicitud de las autoridades judiciales, se deshabilitaron las cuentas de correo de los funcionarios imputados en esta causa, esto en la mañana del 23 de septiembre.
El día 25/09/2024 alrededor de las 08:30 a.m., el perito de la Sección Especializada de Cibercrimen informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró que una de las cuentas, perteneciente a uno de los imputados masculinos, generaba errores en la sincronización de archivos. Al revisar la bitácora, se observó que había cuatro elementos eliminados en el OneDrive y, preliminarmente, al menos 300 archivos del correo electrónico.
Al revisar lo sucedido, se determinó que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo. No obstante, este funcionario no estaba trabajando por estar de vacaciones y regresaría hasta el lunes 30 de septiembre. Por lo tanto, se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido de una de las personas imputadas.
De tal modo, el 24/09/2024 a las 09:00 horas, se denota en la bitácora que hay un ingreso correcto en la cuenta de correo de uno de los imputados, que ya para ese momento se encontraba habilitada a pesar de la orden del juez en contra, y se presume que se aprovechó ese momento para borrar la cantidad indicada de correos. La revisión interna de las IPs apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma CCSS, pero desde una terminal del hospital Max Peralta en Cartago.
Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República, y que no es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial, ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar pruebas, como ya sucedió lamentablemente en este caso.
El Organismo de Investigación Judicial va a trabajar con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición para recuperar esos correos y archivos, siendo que, en caso de no contar con la tecnología disponible, se solicitará asistencia internacional para que no quede impune este tipo de situaciones».
El incidente ocurrió desde una terminal del Hospital Max Peralta en Cartago, lo que refuerza las sospechas de que el borrado de la información fue orquestado dentro de la misma CCSS. Según las investigaciones preliminares, la cuenta había sido bloqueada como parte del allanamiento realizado el 23 de septiembre de 2024 por orden judicial, pero fue habilitada nuevamente de forma ilícita el día 24 de septiembre de 2024 a las 09:00 horas.
El director Zuñiga recalcó que este tipo de situaciones evidencia la necesidad de actuar con rapidez y sin alertar a los sospechosos, ya que se pone en riesgo la integridad de la prueba. Además, afirmó que el OIJ utilizará todas las herramientas forenses posibles para intentar recuperar los correos electrónicos y archivos eliminados. De no ser posible con los recursos actuales, se buscará apoyo internacional para garantizar que esta acción delictiva no quede impune.
