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Se discute intensamente una propuesta de ley que busca endurecer las penas para los crímenes de sicariato en suelo costarricense. Se plantea una prisión de hasta 50 años para quienes cometan estos atroces crímenes.
Lo que diferencia al sicariato de otros homicidios son sus graves consecuencias colaterales, tanto para la víctima directa como para la sociedad en su conjunto. Los ejemplos de asesinatos en reuniones públicas, donde se emplean armas pesadas como medio de venganza, resaltan la brutalidad y la audacia de estos crímenes.
Además, la involucración de niños y jóvenes en estos actos criminales agrava aún más la situación. Por ello, se presenta la necesidad imperante de una jurisdicción especializada para juzgar los delitos vinculados al crimen organizado.
Esta enmienda busca establecer una pena de 25 a 50 años para todos los implicados en actividades de sicariato, incluyendo a aquellos que contraten o entrenen a los sicarios.
De hecho, se propone un incremento de un tercio en la pena si se comprueba el uso de menores en la ejecución de estos delitos. Las víctimas colaterales, que frecuentemente incluyen niños y personas inocentes que se encuentran en el lugar y el momento equivocado, son una preocupación constante en la discusión de esta ley.
La finalidad principal es clara: implicar la seguridad y el bienestar de la sociedad costarricense, protegiendo a los ciudadanos y disuadiendo estos actos violentos.
La iniciativa no es una nueva ley, sino una enmienda al documento ya existente, con la intención de endurecer las penas debido a la reciente ola de violencia que ha sacudido al país. Se espera promover un entorno más seguro y estable para todos sus ciudadanos.
