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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, a través de su Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO), no solo desarticuló un grupo criminal dedicado a la legitimación de capitales, sino que también abrió investigación sobre posibles implicaciones de funcionarios públicos y policiales en los hechos.
Revisión de funcionarios del OIJ y Fuerza Pública
Durante los allanamientos realizados el 19 de agosto en Heredia, Alajuela y Puntarenas, se decomisaron teléfonos celulares de un oficial de la Fuerza Pública y de un funcionario del OIJ.
“Esto no significa que estos oficiales estén siendo imputados; simplemente se busca determinar si existió algún vínculo con la organización criminal”, explicó Randall Zúñiga, director del OIJ.
La medida refleja la intención del organismo de mantener la transparencia y garantizar que ninguna investigación se vea comprometida por irregularidades internas.
Operación y delitos presuntamente cometidos
La organización investigada, liderada por un hombre de 41 años identificado como Araya, estaba presuntamente dedicada a la receptación de mercadería robada de contenedores y su posterior comercialización.
Además, se vinculaba con delitos de “gota a gota” y legitimación de capitales mediante la compra y venta de vehículos de alta gama, bienes raíces y otros negocios informales.
Según Zúñiga, “detectamos un crecimiento patrimonial importante ligado a actividades ilícitas previas, lo que justificó la amplitud del operativo”.
Garantía de transparencia en investigaciones
El OIJ enfatizó que cualquier funcionario que se desvíe de los procedimientos establecidos será debidamente investigado.
“Cuando encontramos que alguna persona se ha desviado de la razón de ser de la investigación, evidentemente entramos en acción y se realizan las detenciones correspondientes”, agregó Zúñiga.
Este enfoque asegura que los procesos judiciales mantengan su integridad y que la acción contra la criminalidad organizada en Costa Rica no se vea comprometida por la participación de funcionarios involucrados.
Detenidos
Los cinco sospechosos detenidos, junto con la evidencia recolectada, serán presentados ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica, mientras continúa la revisión de la posible colaboración de funcionarios en los hechos.
Masculino de apellido Araya, 41 años
Femenina de apellido Soto, 29 años
Masculino de apellido Parra, 32 años
Masculino de apellido Soto, 39 años
Femenina de apellido Zigan, 46 años
