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El OIJ detuvo a ocho personas y decomisó propiedades por ₡1.400 millones como parte del “Caso Tómbola”, que involucra a funcionarios del Banco Nacional, Ministerio de Salud y JPS.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo este 17 de julio 2025, 24 allanamientos simultáneos en distintas partes de Costa Rica como parte del operativo denominado ¡Caso Tómbola!, una investigación por legitimación de capitales que destapó una red con tentáculos en instituciones públicas y negocios fachada.
Las acciones, desarrolladas en zonas como Escazú, Guatuso, Upala, Alajuelita, San Carlos y Tres Ríos, resultaron en la detención de ocho personas: tres funcionarios públicos y cinco empresarios relacionados con ventas de lotería ilegal, concesionarios de autos de lujo, licoreras y una empresa constructora.
“Solo en loterías se calcula que esta organización operaba cerca de 200 puntos de venta. Lograron acumular más de mil millones de colones entre 2021 y 2022”, explicó Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.
Enfrentamiento en Guatuso dejó dos muertos
Durante un allanamiento en Guatuso, dos personas armadas que intentaron impedir el ingreso de los agentes judiciales murieron tras enfrentarse con las autoridades. Fueron identificados como Kenneth Pérez Calvo, de 37 años, y Álvaro Acevedo Gutiérrez, también de 37. Otro sujeto resultó herido y permanece bajo custodia.
En total, se decomisaron 71 vehículos valorados en ₡740 millones y 74 propiedades valoradas en al menos ₡650 millones. Además, el OIJ halló documentación y evidencia digital que revelaría cómo se legitimaba el dinero ilícito a través de empresas fachada y testaferros.
Según las autoridades, el grupo movía altas sumas de efectivo en zonas rurales y utilizaba conexiones institucionales para operar con impunidad. Tres funcionarios públicos figuran como sospechosos:
Una funcionaria de la Junta de Protección Social (JPS)
Un funcionario del Ministerio de Salud
Un empleado del Banco Nacional de Costa Rica
Estas personas habrían facilitado trámites y omitido controles a cambio de beneficios.
Instituciones públicas bajo la lupa
Ante los señalamientos, la Junta de Protección Social (JPS) emitió un comunicado oficial donde confirma que una de sus funcionarias está bajo investigación. La entidad aseguró estar colaborando con las autoridades y reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia.
“La aprobación del expediente 25.057… constituye una medida impostergable y estratégica”, señala el documento, que también denuncia cómo las loterías ilegales están siendo usadas por el crimen organizado para desviar fondos esenciales al desarrollo social.
El Ministerio de Salud y el Banco Nacional aún no han emitido comunicados oficiales. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que los funcionarios señalados están siendo investigados por uso indebido de información privilegiada y omisión de deberes.
La causa sigue bajo investigación del Ministerio Público. Mientras tanto, el OIJ no descarta nuevas detenciones.
