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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó la implementación de medidas cautelares contra los cuatro imputados detenidos el pasado martes, en relación con un caso de presuntas irregularidades en la rehabilitación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.
Los imputados son:
Mauricio Batalla, exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
Marcos Castillo, director de Aviación Civil.
Henry Villalobos, encargado de fiscalizar las obras por la CNE.
Según la solicitud presentada por la FAPTA ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, se requiere el impedimento de salida del país para los implicados, además de la obligación de firmar una vez al mes. Asimismo, se les prohíbe tener contacto o acercarse a testigos y personas vinculadas al caso, así como ingresar a las instituciones involucradas, como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Aviación Civil y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En el caso de los tres últimos imputados, también se solicitó su suspensión del cargo.
A pesar de la solicitud, los imputados fueron liberados a las 11:00 p.m. y deberán presentarse nuevamente este jueves 15 de mayo a la 1:30 p.m. para la continuación de la audiencia.
La investigación, que forma parte del expediente 24-000454-1218-PE, se centra en una serie de presuntas irregularidades relacionadas con la declaratoria de emergencia que habilitó la rehabilitación de la pista de aterrizaje del aeropuerto en Liberia.
Según la Fiscalía, la emergencia se justificó de manera errónea, alegando que los daños en la pista fueron causados por la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en 2022.
Sin embargo, la evidencia sugiere que los daños ya existían antes de dichos fenómenos naturales, lo que permitió modificar un decreto ejecutivo y sumar al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós a la emergencia nacional.
Esto llevó a la contratación directa por un monto de $39.9 millones a la empresa Constructora MECO S.A., sin la intervención de la Contraloría General de la República, que normalmente revisaría estos procesos.
