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investigación corrupción aeropuerto Liberia

Fiscal General defiende investigación sobre irregularidades en reparación del Aeropuerto Daniel Oduber

Fiscalía ejecuta 23 allanamientos por posible corrupción en contrato de $40 millones para reparar pista del aeropuerto de Liberia. Hay cuatro detenidos.

El Organismo de Investigación Judicial, a través de su Sección de Anticorrupción, en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), ejecutó este martes 13 de mayo 23 allanamientos en todo el país, como parte de una investigación por presunta corrupción en la adjudicación y modificación de un contrato millonario para reparar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Las diligencias incluyeron viviendas, instituciones públicas como el MOPT, la Dirección General de Aviación Civil y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), así como oficinas de empresas constructoras vinculadas al caso.

El caso gira en torno a un contrato de $40 millones que, en teoría, pretendía rehabilitar la pista aérea afectada por ondas tropicales y la tormenta Bonnie. Sin embargo, una ingeniería de valor aprobada tras supuestas presiones habría reducido los trabajos a un 33% de lo proyectado originalmente, mientras se mantenía el monto casi intacto. El aval para esa modificación habría sido firmado por el exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, pese a las objeciones de la unidad ejecutora original, cuyos miembros fueron incluso reemplazados.

DETENIDOS

 

Tras los allanamientos fueron detenidos cuatro altos funcionarios y exfuncionarios públicos:

  • Mauricio Batalla, exministro del MOPT, de 52 años

  • Marcos Castillo, director de Aviación Civil, de 53 años

  • Alejandro Picado, presidente de la CNE, de 50 años

  • Villalobos, funcionario aún no identificado plenamente, de 43 años

Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica y se les investiga por presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Por su parte, el abogado Gerardo Enrique Chaves, defensor del exministro del MOPT Mauricio Batalla, aseguró que su cliente no dio órdenes ni tomó decisiones en el cuestionado proyecto de rehabilitación de la pista del aeropuerto de Liberia, vinculado a un contrato de $40 millones. Según Chaves, Batalla solo respaldó con su firma un decreto ya definido y su captura podría tener motivaciones políticas, justo cuando se le proyectaba como figura nacional. Afirmó que el exministro está tranquilo, aunque preocupado por la situación.

Fiscal General Carlo Díaz defiende la investigación en curso sobre el proyecto del aeropuerto

 

La Fiscalía General está llevando a cabo una investigación paralela, que también involucra al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y a otros actores del gobierno. Aunque algunos políticos han criticado la gestión del proyecto y las decisiones tomadas, las investigaciones siguen su curso, con el objetivo de determinar si hubo delitos relacionados con la contratación y ejecución del contrato para la reparación de la pista.

Carlo Díaz, Fiscal General de Costa Rica, ofreció una declaración respecto a la investigación sobre las irregularidades en la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber. Destacó que el caso sigue siendo una prioridad y está avanzando sin influencias políticas.

“Este nuevo diseño no tenía un ingeniero que lo firmara, ya que fue rechazado por la unidad ejecutora por no aportar valor a la obra.”

La investigación involucra la propuesta de un nuevo diseño por parte de la constructora MECO, la cual fue inicialmente rechazada por el equipo técnico, pero luego fue firmada por el exministro Mauricio Batalla. Díaz aseguró que la investigación avanza paralelamente con otras investigaciones, incluida una que involucra al presidente Rodrigo Chaves.

“A pesar de los ataques políticos, seguiré trabajando y demostrando que nuestra labor judicial es independiente y efectiva.”

Con el caso en manos de las autoridades judiciales, la expectativa es que se determinen responsabilidades y que el proceso de adjudicación de obras públicas sea más transparente y controlado en el futuro.

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