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Contratación en el INS causa polémica por posible vínculo

La contratación directa en el INS a un familiar de asesora de la Contralora genera cuestionamientos por posible conflicto de interés y falta de transparencia.
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La Contraloría investigó un contrato en el INS vinculado al esposo de una asesora de Marta Acosta y aclaró que no intervino en el proceso.

Documentos revelaron que el Instituto Nacional de Seguros (INS) contrató directamente desde 2021 a Rónald Jesús Hidalgo Cuadra, esposo de Jeanine Herrera Arias, asesora legal de la Contralora General, Marta Acosta. La contratación ascendió a casi 60 millones de colones por servicios legales a la auditoría interna del INS. La denuncia original, presentada en junio de 2024, señaló que el contrato se tramitó bajo la modalidad de contratación directa, supuestamente justificada por confidencialidad, pero que en realidad fue para asesorías permanentes, algo cuestionado por expertos.

Un denunciante explicó a Noticias Trivisión que “la auditoría interna del INS ya contaba con abogados especializados, por lo que la contratación externa no tenía justificación técnica ni legal”. Además, agregó que “se usó incorrectamente una excepción legal para contratar servicios abiertos y permanentes, lo cual no corresponde a esta figura”.

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Respuesta y aclaración de la Contraloría

 

Ante la denuncia de Noticias Trivisión, la Contraloría General de la República respondió en un correo electrónico que no intervino ni avaló esta contratación, pues según la normativa vigente, el proceso fue exclusivo del INS y no requirió refrendo por parte de la CGR. Confirmaron que desde junio de 2024 mantienen una investigación en curso, pero no pueden divulgar detalles debido a la confidencialidad legal.

El despacho de la Contralora negó cualquier conflicto de interés y rechazó “las afirmaciones maliciosas que insinúan permisividad o participación en la adjudicación”. Además, corrigieron la fecha de la denuncia y enfatizaron que “la relación conyugal entre las personas involucradas no representa prohibición alguna según la ley”.

Este caso pone en evidencia la complejidad y sensibilidad de los procesos de contratación en instituciones públicas, así como la importancia de la transparencia y la supervisión independiente para garantizar la confianza ciudadana, no más ni menos que de la propia Contraloría General de la República.

Esto respondió la contraloría:

“Es responsabilidad exclusiva de las partes contratantes garantizar que los procedimientos de contratación se ajusten al ordenamiento jurídico. En ese sentido, es la propia Administración contratante (INS) la que debe referirse a aspectos relacionados con dicha contratación dado que dicho contrato no requirió ser refrendado por la CGR sino por la misma institución conforme la normativa legal aplicable.

En relación con actuaciones del INS en materia de contratación pública, la CGR mantiene en trámite una investigación, sobre la cuál, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 de la Ley General de Control Interno y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, no es posible brindar detalles ni acceso al expediente correspondiente.

Así las cosas, siendo un tema ajeno a sus competencias constitucionales y por tratarse de una investigación en curso en la CGR, la solicitud de su correo es improcedente.
Sin embargo, dada la noticia publicada ayer en su medio y ante las múltiples imprecisiones que difundió, solicitamos las siguientes aclaraciones:

La denuncia no es de junio de 2023 sino de junio de 2024.

Es falso que la Contraloría “no han hecho nada” dado que la misma nota consigna, así como el denunciante, que la denuncia fue admitida para investigación y está en trámite en la CGR.

Es falso sugerir que la Contralora y/o la Contraloría hubiere «permitido» dicho contrato. Conforme la normativa anterior y actual este no debía de ser avalado por la CGR y todo su trámite por la normativa aplicable a ese tipo de contratos es a lo interno del INS, de modo que ni la Contralora ni la Contraloría callaron/permitieron, como indica la noticia maliciosamente.

Según la noticia, la situación que provoca la diferencia o “desconfianza” (palabras del entrevistado/denunciante) entre la auditoría interna y las autoridades de la institución (INS) no es de resorte de la CGR de modo que es gratuito intentar involucrar a la CGR o a la Contralora en tal problema interno del INS.

Se rechaza categóricamente la aseveración sobre posibles conflictos de interés, ya que el Despacho de la Contralora no interviene en forma alguna en las investigaciones realizadas por el Área de Denuncias, reiterando que tampoco incide en la adjudicación de esta contratación.
La situación mencionada en la noticia sobre la relación conyugal no está contemplada en ninguna de las prohibiciones de la anterior Ley de Contratación Administrativa ni en la actual Ley General de Contratación Pública.

Agradecemos de antemano las aclaraciones, dado que a pocas horas de haber consultado se difundió la información sin contraparte.

Atentamente,
PRENSA CGR”

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