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Una reciente investigación ha puesto bajo la lupa los altos salarios que la Universidad de Costa Rica (UCR) otorga a ciertos puestos no docentes. En un contexto de crisis económica y austeridad en el sector público, la UCR tiene en su planilla a guardas de prisión que devengan aproximadamente 2,2 millones de colones mensuales. Este salario es significativamente mayor al que perciben los guardas penitenciarios del Ministerio de Justicia y Paz, cuyo salario promedio es de 500 mil colones.
Otro puesto que ha generado controversia es el de un pistero, una persona encargada de vender combustible en una estación de servicio, que recibe un salario mensual de 1,2 millones de colones. Estos datos contrastan fuertemente con los salarios en el sector público, especialmente en cuerpos de seguridad como la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, quienes desempeñan funciones de mayor riesgo y responsabilidad.
Además, la UCR cuenta con 208 policías y oficiales de tránsito que ganan un promedio de 1,5 millones de colones mensuales, lo cual supera ampliamente el salario de un oficial de tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que es de 650 mil colones. Mientras que los oficiales del MOPT cubren las emergencias y escoltan vehículos en todo el territorio nacional, los oficiales de la UCR únicamente prestan servicio en los campus universitarios. Este hecho ha generado críticas y cuestionamientos sobre si el salario elevado está justificado.
El costo total anual solo para estos 208 funcionarios en la UCR es de aproximadamente 3 mil 800 millones de colones. Este gasto ha suscitado un debate sobre la eficiencia del uso de los recursos en la universidad, en especial cuando el país necesita mayor inversión en educación y formación de profesionales en áreas de alta demanda laboral. Críticos señalan que, mientras se destinan grandes sumas a puestos no esenciales, el país enfrenta una urgente necesidad de mano de obra calificada, que podría ser clave para atraer más inversión extranjera.
El viceministro de Educación destacó que, además de estos salarios llamativos, la UCR cuenta con una diversidad de puestos igualmente sorprendentes. En su planilla se encuentran 69 mensajeros, 22 sebanistas (personas que cortan césped), 54 albañiles y carpinteros, y 8 encuadernadores o empastadores. Aún más llamativo es el caso de un detective que figura en la planilla de la universidad con un salario anual de 10,8 millones de colones, lo que equivale a 900 mil colones mensuales.
Los salarios en estos puestos, que no están directamente relacionados con la misión educativa de la UCR, han generado un amplio debate. Mientras que los oficiales de la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales, encargados de tareas de alto riesgo como la lucha contra sicarios y ladrones, ganan en promedio 831 mil colones, los oficiales de la UCR y otros puestos administrativos ganan considerablemente más.
Críticos señalan que, mientras la universidad invierte en perfiles que no son esenciales, el país sigue enfrentando una demanda creciente por profesionales capacitados en áreas técnicas y tecnológicas, claves para el crecimiento económico y la atracción de inversión extranjera. Los salarios de la UCR en estos puestos no docentes, que ascienden a 7.417 millones de colones al año, contrastan con los esfuerzos del gobierno para mejorar la educación en regiones fuera del Valle Central, donde existe una mayor demanda de talento calificado.
Este análisis sobre el gasto en personal de la UCR ha abierto un debate sobre la necesidad de una revisión de la estructura salarial en las instituciones públicas y si estas inversiones están alineadas con las prioridades nacionales. Se espera que en los próximos días la universidad brinde una respuesta oficial que aclare la situación.
