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El gobierno de Italia, bajo la dirección de la primera ministra Giorgia Meloni, ha tomado la controversial decisión de declarar ilegal el uso de vientres de alquiler, tanto dentro como fuera de su territorio. Esta nueva legislación contempla penas que van desde dos años de cárcel hasta multas que pueden alcanzar el millón de euros para quienes participen en procesos de gestación subrogada.
La gestación subrogada es un método reproductivo en el que una mujer, conocida como «madre subrogada» o «gestante», lleva a cabo un embarazo para otra persona o pareja que no puede concebir de manera convencional. Este proceso puede ser tradicional, donde la madre subrogada aporta su propio óvulo, o gestacional, donde se implanta un embrión creado a partir de los óvulos y espermatozoides de los futuros padres o donantes. Al finalizar el embarazo, la madre subrogada entrega al bebé a la pareja o persona que la contrató.
Meloni, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en Italia, justificó la medida alegando que la gestación subrogada “confunde el deseo con los derechos” y criticó la comercialización del cuerpo humano. En su discurso, Meloni destacó que esta práctica coloca el dinero por encima de los valores tradicionales y religiosos, una postura que ha resonado entre sus seguidores.
La implementación de esta normativa también tiene un impacto directo sobre las parejas LGBT, a quienes se les prohíbe adoptar y recurrir a la fecundación in vitro. Bajo el gobierno actual, las políticas restrictivas refuerzan la negativa a ampliar los derechos de las parejas del mismo sexo, un asunto que ha generado una fuerte controversia tanto en Italia como en el resto del mundo.
La prohibición de la gestación subrogada se enmarca en un enfoque político conservador que busca defender lo que Meloni considera los valores familiares tradicionales. Esto coloca a Italia entre los países europeos con leyes más estrictas en relación con la maternidad subrogada, un tema que ha suscitado debates intensos en la esfera pública.
Esta nueva ley también tiene implicaciones internacionales, ya que penaliza a quienes opten por recurrir a la gestación subrogada en otros países, generando preocupación entre familias italianas que buscan alternativas para tener hijos.
El debate sobre la gestación subrogada y los derechos reproductivos continúa dividiendo a la sociedad italiana y promete ser un tema central en la política nacional en los años venideros.
