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La controversia sobre la existencia de un camino en Guanacaste ha generado incertidumbre legal y administrativa, dejando a los ciudadanos en espera de respuestas claras.
En 2006, la Municipalidad de Santa Cruz en Guanacaste, Costa Rica, aprobó un plano que excluía un camino crucial para los vecinos de la zona. Sin embargo, después de 2017, la situación comenzó a complicarse, cuando algunos intentaron reactivar el acceso a ese camino, lo que llevó a una disputa legal y administrativa que aún no tiene solución.
La falta de claridad en los registros catastrales y la ausencia de documentación que respalde la existencia de dicho camino han sido temas centrales en esta controversia.
El origen de la controversia
Según investigaciones de Noticias Trivisión, el camino en cuestión nunca apareció en el plano emitido en 2006, un documento clave para los registros de propiedad. “Por ningún lado aparece ese camino”, afirmó Luis Gutiérrez, representante legal de Grupo Protero S.A., sobre los abogados de los demandantes, quienes argumentan que el acceso solo existió como una “tolerancia” entre vecinos, sin una base legal que lo respalde.
A pesar de esto, en los años posteriores, algunos intentaron presentar el camino como parte del acceso público, lo que generó conflictos con la municipalidad, que aprobó planos basados en la suposición de que el acceso era legítimo.
Falta de claridad en la municipalidad
A lo largo de los años, la Municipalidad de Santa Cruz en Guanacaste ha sido incapaz de proporcionar un informe oficial que aclare cuándo y cómo el camino fue considerado público. La defensa de la propiedad solicitó en diversas ocasiones un acuerdo formal del consejo municipal que pudiera demostrar que el acceso había sido aprobado como camino público, pero nunca recibieron respuesta.
Según los abogados, la municipalidad nunca presentó pruebas legales que demostraran que el camino formaba parte de los bienes públicos.
La disputa aún no ha sido resuelta y, si no se llega a una solución administrativa, el caso podría ser elevado al contencioso administrativo, donde se buscaría una indemnización o la rectificación de los registros catastrales.
En este caso, la transparencia y la claridad en los procedimientos administrativos serán claves para resolver la situación.
Este caso refleja cómo los errores administrativos pueden tener efectos duraderos y cómo la falta de claridad en los procedimientos municipales puede afectar a los ciudadanos.
