El proyecto de ley 24.717, impulsado por el Gobierno para permitir y regular la minería metálica a cielo abierto en Crucitas, continúa frenado en la Asamblea Legislativa luego de que diputados del Frente Amplio y Liberación Nacional presentaran un total de 644 mociones para extender y retrasar su discusión.
La iniciativa del Ejecutivo busca autorizar la exploración y explotación minera en el distrito de Cutris de San Carlos, además de crear un sistema de subastas públicas mineras mediante el cual el Ministerio de Ambiente y Energía otorgaría concesiones de explotación. El Gobierno ha defendido el proyecto señalando que permitiría enfrentar la minería ilegal, recuperar control sobre la zona y aprovechar económicamente los recursos de Crucitas.
Sin embargo, desde la oposición, las críticas han sido contundentes. El diputado frenteamplista Edgardo Araya aseguró que el proyecto pretende «legalizar el robo y legalizar la destrucción», reiterando la oposición total de su bancada a reactivar la minería a cielo abierto en el país. Mientras tanto, Liberación Nacional también presentó mociones y sostiene que existen «mejores formas» de atender la crisis que vive la zona norte.
Paralelamente, el Frente Amplio impulsa el proyecto 24.675 como alternativa. La propuesta plantea crear un Polo de Desarrollo Sostenible en la Región Huetar Norte, un Geoparque Internacional Ambiental en Crucitas, un museo histórico y un fideicomiso financiado con recursos provenientes del saneamiento ambiental y otros mecanismos económicos ligados al valor del oro sin necesidad de extraerlo.
Además, el plan del Frente Amplio propone incentivos fiscales para atraer empresas a la zona y fortalecer el desarrollo económico local sin revertir la prohibición de minería metálica a cielo abierto aprobada años atrás en Costa Rica, considerada uno de los principales logros ambientales del país.
El tema de Crucitas volvió a tomar fuerza política luego de que la Presidenta Laura Fernández defendiera públicamente la necesidad de intervenir en la zona y convocara incluso a diputados a realizar una visita de campo el próximo 19 de junio para «vivir en carne propia el desastre» provocado por la minería ilegal. Mientras tanto, el futuro del proyecto sigue entrabado en el Congreso y anticipa una fuerte batalla política y ambiental en las próximas semanas.
