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Un proyecto de ley en Costa Rica, impulsado por el partido Frente Amplio, genera un intenso debate sobre el secreto de confesión en la Iglesia Católica en casos de abuso sexual, especialmente en relación con menores y personas con discapacidad. Este proyecto busca que los sacerdotes rompan el silencio y la confesión cuando se trata de denuncias de abuso, una medida que, según el diputado Antonio Ortega, busca proteger a las víctimas y garantizar que las organizaciones no encubran a los abusadores.
Ortega señala que la propuesta no se dirige exclusivamente a la Iglesia, sino que abarca cualquier organización que pueda tener conocimiento de abusos y que decida permanecer en silencio. El diputado argumenta que el encubrimiento de abusadores perpetúa el ciclo de abuso y que las instituciones deben ser responsables, incluso financieramente, si se demuestra que facilitaron o encubrieron dichos actos.
También enfatiza que, en el caso de que un abusador se confiese, el sacerdote debería tener la capacidad de informar a las autoridades, desatando así un debate sobre el equilibrio entre la fe y la justicia.
Por otro lado, la Iglesia Católica ha reaccionado con firmeza contra este proyecto. En un comunicado, la conferencia episcopal expresó su preocupación por cómo esta legislación puede infringir la libertad religiosa y el secreto de confesión, considerado un pilar fundamental de la fe católica.
El sacerdote Mario Segura, en defensa de esta posición, subrayó que violar el secreto de confesión sería una falta grave, incluso llevando a la excomunión, y que el cuidado de las víctimas debe abordarse sin comprometer los principios fundamentales de la Iglesia.
Este debate no solo resalta la complejidad del tema en Costa Rica, sino que también refleja una lucha global entre la necesidad de justicia y la protección de la libertad religiosa en el contexto de los abusos sexuales.
