Escucha la noticia:
El proyecto de ley, recientemente propuesto por los diputados socialcristianos Leslye Bojorges y María Marta Carballo, busca implementar un sistema donde los privados de libertad en Costa Rica se vean obligados a trabajar o estudiar como condición para recibir beneficios carcelarios.
Esta propuesta lleva consigo el objetivo de fomentar la resocialización de los internos y, al mismo tiempo, reducir significativamente los costos que implica su mantenimiento en el sistema penitenciario.
Actualmente, el costo mensual por cada prisionero asciende a 660,000 colones; cifra que el proyecto pretende disminuir al emplear a los privados de libertad en labores como el mantenimiento vial, un sector donde el Estado invierte grandes cantidades de dinero en contratación externa.
Estos trabajos ofrecerían experiencia laboral a los internos y contribuirían a un uso más eficiente de los recursos públicos.
La estructura de la ley está diseñada para garantizar que las cargas laborales no excedan las ocho horas diarias, exceptuando situaciones particulares en el caso de crímenes considerados graves.
Además, como medida de seguridad, para los delitos de alta peligrosidad, los trabajos permitidos se limitarían solo a aquellos que puedan realizarse dentro de los centros penitenciarios.
Este enfoque no solo supone un ahorro económico para el Estado, sino que podría transformarse en un mecanismo crucial para impedir que una mente desocupada, como bien señala una cita clave, se convierta en un terreno fértil para malas decisiones.
De manera paralela, la propuesta aborda la distribución de las ganancias obtenidas mediante estas actividades. Parte de estos fondos se destinarían a cumplir las obligaciones civiles de los internos, entre las que se incluyen las responsabilidades alimentarias. Con esta medida, se busca también aliviar las cargas económicas que recaen sobre el Estado al financiar los costos de manutención del sistema penitenciario.
Del análisis histórico, se desprende la importancia de modificar el enfoque actual, donde se invierten cuantiosos recursos a través de la contratación de empresas externas para trabajos como el corte de zacate, acciones que ahora podrían ser realizadas por los propios internos.
Esta modificación no solo busca cubrir un aspecto económico crucial, sino también reinstaurar la dignidad y promover un sentido de responsabilidad y utilidad en la vida de los privados de libertad, preparando así el terreno para una reintegración exitosa en la sociedad una vez cumplida su condena.
