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El presidente Rodrigo Chaves propuso el pasado 11 de diciembre un debate público entre los tres jerarcas de la República, invitando al presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, y al presidente del Poder Legislativo, Rodrigo Arias. Sin embargo, ambos declinaron la invitación, calificando la propuesta como inapropiada y contraria a los principios democráticos.
Orlando Aguirre rechazó la iniciativa señalando que los procesos judiciales deben manejarse con rigurosidad técnica y bajo estrictos principios de confidencialidad. Para Aguirre, someter este tipo de asuntos a un debate mediático podría dañar la integridad del sistema judicial y su independencia.
Por su parte, Rodrigo Arias se mostró crítico frente a la propuesta de Chaves, calificándola como una “ocurrencia” y una “transgresión evidente” a los principios fundamentales de la democracia. Arias destacó que la separación de poderes es un pilar esencial del sistema de gobierno costarricense, y que un debate público de esta naturaleza no contribuiría a fortalecer el diálogo institucional.
La invitación de Chaves fue vista como un intento de abrir un espacio de discusión directa entre los tres poderes del Estado, una medida que algunos sectores interpretan como un gesto populista mientras que otros lo consideran un intento de transparencia y apertura.
A pesar de las críticas, la invitación del mandatario ha generado un debate en la opinión pública sobre la relación entre los poderes y el nivel de transparencia que deberían tener sus interacciones. Mientras tanto, el Poder Judicial y el Legislativo se mantienen firmes en su decisión de no participar en un evento que consideran inadecuado.
La controversia deja abierta una pregunta clave: ¿es el camino del debate público el adecuado para resolver las diferencias entre los poderes de la República, o debe mantenerse el diálogo en instancias más formales y privadas?
