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El Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, enfrenta una denuncia formal por instigación pública y propaganda contra el orden constitucional. La denuncia fue presentada por un grupo de 20 diputados ante la fiscalía, después de una conferencia de prensa el 25 de septiembre. Durante esa conferencia, el mandatario se refirió al caso de Marta Esquivel y la situación relacionada con el escándalo del «Caso Barrenador».
Durante su intervención, Rodrigo Chaves, acompañado por varios ministros y diputados de su fracción, lanzó duras críticas contra el Poder Judicial, la Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Calificó a estas instituciones como “abusivas” y acusó a la Fiscalía de llevar a cabo una persecución en su contra con fines políticos, en referencia al caso «Barrenador», en el cual se investiga un presunto sobreprecio en contratos de los EBAIS, que habría generado pérdidas de más de 12 mil millones de colones anuales para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según los diputados, las palabras del presidente son un ataque directo a la independencia del Poder Judicial y buscan desacreditar a los órganos de justicia. Consideran que estas afirmaciones configuran delitos previstos en el Código Penal y que, al ser jefe de Estado, Chaves incurre en una mayor responsabilidad por incitar a la resistencia contra las autoridades judiciales.
En la denuncia, los legisladores también resaltan que Chaves instó a los costarricenses a «actuar como sociedad» y no ser «siervos menguados», lo cual interpretan como una incitación a la desobediencia civil y un posible riesgo para la paz social. Los congresistas sostienen que el ataque del mandatario contra las instituciones judiciales atenta contra los principios democráticos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Costa Rica.
