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veto presidencial proyecto de allanamientos

Presidente Chaves veta ley sobre allanamientos sin horario

Presidente Chaves veta proyecto de ley que permitiría allanamientos judiciales sin límite de horario, alegando violaciones constitucionales.

El Presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha decidido vetar el proyecto de ley 24.495, que buscaba eliminar las restricciones horarias actualmente vigentes para la realización de allanamientos judiciales.

La medida, promovida por la diputada Monserrat Ruíz del Partido Liberación Nacional, pretendía permitir que los allanamientos se llevaran a cabo en cualquier momento del día, incluyendo los días feriados, sin necesidad de justificar urgencia o circunstancias excepcionales.

La propuesta, según la diputada Ruíz, tenía como objetivo agilizar los procedimientos investigativos y fortalecer las capacidades de las fuerzas policiales en su lucha contra la delincuencia, particularmente ante la creciente ola de crímenes que afecta al país. La intención era hacer más eficaces las investigaciones, al eliminar las restricciones horarias.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en su veto, consideró que la reforma violaba principios fundamentales consagrados en la Constitución, específicamente la inviolabilidad del domicilio, recogida en el artículo 23 de la Carta Magna.

En su argumento, el Ejecutivo destacó que la reforma propuesta podría generar inseguridad jurídica tanto para los operadores judiciales como para los ciudadanos.

Según el Gobierno, la redacción ambigua de la reforma no establece de manera clara cuándo y cómo se debería justificar la urgencia de realizar allanamientos fuera de los horarios establecidos, lo que podría dar lugar a contradicciones y vicios procesales.

El Presidente Chaves explicó que el veto también se basaba en la necesidad de proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad jurídica en el país.

Ante esta acción, varios diputados, entre ellos la proponente del proyecto Monserrat Ruíz, cuestionaron el veto. La diputada insistió en que el proyecto cumplía con los principios constitucionales y defendió su aprobación como una medida necesaria para combatir la creciente criminalidad en el país.

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