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Este fin de semana, en diferentes puntos de circunvalación de Costa Rica, se instalaron llamativas vallas publicitarias con la palabra «RENUNCIEN» en grandes letras rojas, acompañada de las fotografías de cuatro figuras prominentes del país: Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Marta Acosta, contralora general; Carlo Díaz, fiscal general; y Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial. Estas imágenes han desatado una fuerte controversia y el cuestionamiento público sobre quiénes están detrás de esta campaña.
Ante el revuelo generado, múltiples sectores han solicitado que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigue el origen de los fondos utilizados para financiar estas vallas y que se revele la identidad de quienes pagaron por dicha publicidad.
La normativa costarricense establece que cualquier tipo de campaña de esta naturaleza, especialmente cuando implica figuras públicas, debe cumplir con requisitos de transparencia.
El próximo paso depende del TSE, que deberá determinar si se abrirá una investigación oficial o si se tratará como un caso de protesta ciudadana que no amerita mayores repercusiones legales.
Esta situación plantea una discusión más profunda sobre la relación entre la libertad de expresión y la responsabilidad en el uso de los medios de comunicación masiva.
