La Corte Plena del Poder Judicial, integrada por sus 22 magistrados, aprobó por mayoría un recorte de ₡13.242 millones al presupuesto 2026, en respuesta a la solicitud del Ministerio de Hacienda dentro de las medidas de contención del gasto público.
El ajuste incluye recursos que iban a la creación de plazas y nuevas sedes del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.
También se recortaron fondos para subdelegaciones en zonas como La Cruz, Cabo Velas y Puerto Jiménez.
En el comunicado, la institución enfatizó que el recorte representa “el mayor esfuerzo posible sin comprometer servicios esenciales”.
El Poder Judicial defendió la importancia de estos fondos al señalar que son importantes para garantizar el acceso a la justicia y el combate contra estructuras criminales.
Y la institución también comunicó que esta reducción podría afectar directamente la atención de casos y el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado.
En paralelo, la Corte Plena rechazó una solicitud de recorte adicional de ₡26.549 millones al presupuesto 2027, argumentando riesgos en la lucha contra el crimen organizado, el rezago judicial y la atención de víctimas.
