La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció el uso de plataformas tecnológicas robustas por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) durante las Elecciones Nacionales 2026. No obstante, identificó un punto de mejora en el proceso de transmisión de resultados preliminares.
Según el informe final, aunque el TSE realizó la certificación pública de bases de datos en ceros antes del inicio de la transmisión, este protocolo no incluyó la verificación de que el software utilizado correspondiera a la misma versión empleada durante los simulacros previos. Para la OEA, esta omisión limita la transparencia y la confianza plena en los procesos tecnológicos electorales.
La Misión recomendó que, en futuras elecciones, se incorpore la comparación de la versión del sistema mediante un hash digital, que confirme que se trata del mismo software previamente auditado.
Justicia electoral y transparencia institucional
En materia de justicia electoral, la OEA constató que existen 174 procesos pendientes en la Sección Especializada del TSE y que no hay un sistema público que permita conocer cuántos casos se tramitan ni su estado o resolución.
Aunque el organismo internacional destacó que el TSE goza de credibilidad y no enfrenta denuncias por mora generalizada, advirtió que la falta de información pública limita el control ciudadano y la rendición de cuentas.
Ante esto, la OEA recomendó fortalecer las capacidades del área jurisdiccional y publicar en el sitio web institucional los asuntos ingresados y las resoluciones emitidas.
Desigualdad en el financiamiento político-electoral
El informe también identificó desafíos estructurales en el sistema de financiamiento político, particularmente la alta dependencia del financiamiento privado y la utilización especulativa de la cesión de la contribución estatal.
La OEA señaló que este modelo genera condiciones de inequidad, afectando principalmente a partidos nuevos o con menor acceso a créditos bancarios. Por ello, reiteró la recomendación de avanzar hacia un esquema de financiamiento público anticipado más equitativo, establecer límites a los aportes individuales y crear mecanismos de financiamiento público indirecto, como espacios garantizados en medios de comunicación.
Participación política de las mujeres
Si bien Costa Rica cuenta con uno de los sistemas de paridad más avanzados de la región, la OEA observó que persisten brechas en los encabezamientos de listas legislativas, especialmente en provincias con mayor peso electoral como San José.
La Misión recomendó fortalecer la capacitación interna de los partidos con enfoque de género para transformar prácticas que siguen limitando el liderazgo femenino.
Violencia política contra las mujeres
Finalmente, la OEA advirtió una aplicación limitada de la Ley 10235, destinada a prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres. Pese a la vigencia de la normativa, solo se ha registrado un caso formal en los últimos dos años.
Ante este escenario, la Misión recomendó ampliar la difusión de la ley, establecer rutas claras de denuncia y crear un observatorio especializado que permita dar seguimiento sistemático a esta problemática.
