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La ministra Laura Fernández defendió la Ley Jaguar ante los diputados de la Comisión de Asuntos de Gobierno, donde cuestionó lo que considera un exceso de atribuciones por parte de la Contraloría General de la República. Según Fernández, la Contraloría no debe coadministrar el gobierno, ya que esto interfiere con el rol de las autoridades electas.
Durante su intervención, la ministra afirmó: “El pueblo que eligió a un alcalde o el pueblo que eligió a un Presidente de la República, los eligió para que gobiernen, no para que ejecuten lo que la Contraloría les prioriza o les indica cómo actuar.” Fernández destacó que este tipo de intervenciones afectan la capacidad de la administración activa para tomar decisiones.
Como ejemplo, mencionó cómo la Contraloría ha instruido a la ARESEP sobre el cálculo de tarifas eléctricas y al Consejo de Transporte Público (CTP) sobre la concesión de buses y taxis, áreas que, según ella, deberían estar bajo la administración directa de las instituciones.
Fernández también señaló que la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica fue impuesta por la Contraloría, obligando al Ministerio de Planificación a ejecutarla sin autonomía total.
La jerarca expresó preocupación por el impacto de estas medidas en la eficiencia gubernamental y ofreció a los diputados una auditoría para respaldar sus afirmaciones. Asimismo, subrayó que estas prácticas no solo afectan la gestión pública, sino que también plantean dudas sobre el alcance de las atribuciones de la Contraloría.